Hace algunos días llego a mis manos una copia del padrón electoral de una ciudad vecina y pensé en analizar la cantidad de votantes por domicilio. El análisis, los resultados y la reutilización de estos datos por otras actores de la sociedad quedó publicado en el blog de la comunidad OpenDataCordoba. Los invito a leerlo. Se puede ver aquí: blog.opendatacordoba.org/cuantas-personas-votan-por-cada-domicilio

En general aceptamos que el ámbito privado debe estar lo menos controlado o molestado por el estado posible. Estoy general de acuerdo pero algunos casos me merecen una re consideración. Muchas veces escucho la exigencia de algunos ciudadanos u organizaciones sobre el acceso a información publica de funcionarios de un gobierno. En general el primer argumento como su función es pública, entonces tengo derecho a saber mas sobre él. En general este argumento me parece limitado, creo más bien que el acceso a la información esta relacionado al interés publico o al bien común y no la pertenencia a una instancia pública o privada. Veamos un ejemplo. El secretario de transporte de X ciudad es responsable entre otras cosas del transporte público. De su calidad, de su frecuencia, de su alcance, etc. El gobierno de la ciudad decide un día privatizar el servicio y la empresa concesionaria entiende que el mismo secretario de transporte puede desempeñar la dirección de este servicio ahora privatizado. Mi pregunta es: ¿importa conocer la evolución de su patrimonio y sus relaciones comerciales solo durante su primera gestión? Si el mismo funcionario toma decisiones malas (privilegiar amigos en las compras y enriquecerse con eso) que afectan el precio o la viabilidad del servicio: ¿No sería importante poder advertirlo en cualquier de los dos casos? Otro ejemplo. Una empresa de 100 empleados tiene que tomar la decisión de invertir mucho dinero para adaptarse a nuevos desafíos tecnológicos en su rubro o cerrar sus puertas ante la pronta obsolescencia de sus productos o servicios. Cualquiera de estas dos opciones afectará sensiblemente a la ciudad donde esta empresa reside. ¿Tiene derecho el gobierno local a saber esto con anticipación? ¿Y las demás empresas cercanas (proveedores incluso)? ¿Y los trabajadores? ¿Y los ciudadanos? No tengo respuestas a estás incógnitas pero si tengo la certeza de que no podemos seguir aceptando sin cuestionarnos el derecho a tener algunos datos sobre las empresas privadas. ¿Y las ONGs? He asistido a algunos eventos de gobierno abierto y similares donde las organizaciones cuestionan la falta de transparencia en la gestión pública. Coincido con estos cuestionamientos, en general los acompaño pero me pregunto siempre a cerca de esas mismas organizaciones. ¿Quién las financia? ¿Que intereses comerciales tienen sus integrantes es sus actividades fuera de la organización? ¿Cual es la evolución patrimonial de sus integrantes? Si bien muchas organizaciones dan ejemplos de transparencia (muchas veces mejor que los gobiernos) ¿Yo tengo derecho a exigir esa información? ¿Debería? De nuevo no tengo respuesta pero me cabe la misma duda: ¿Tengo derecho de acceder a la información que pueda afectarme de alguna forma cuando ésta excede el ámbito público?

Asistimos desde hace tiempo sobre la ley de acceso a la información pública en Argentina. No es un debate solamente por aquí, ni solamente de estados nacionales. La transparencia en los gobiernos no siempre depende de la buena voluntad de los funcionarios públicos. He asistido a casos de funcionarios de gobiernos locales que toman la decisión de abrir datos pero que se encuentran con que estos existen sólo en papel. En casos de gobiernos superiores esto sucede mucho menos, muchos procesos ya están informatizados (básicamente en bases de datos dependientes de sistemas de software). De todas formas no puede tomarse una base de datos y así como está y exponerla al público. Se requiere un pre-procesamiento de los datos, incluso por motivos legales y de privacidad de las personas. Cada vez esta mas claro que los datos son un activo importante. Los datos son una ventaja, las decisiones basadas en ellos tienen mas posibilidades de arribar a acciones más eficientes. Entonces la pregunta es: ¿Necesitamos producir datos para eficientizar y monitorear las políticas públicas o para cumplir con la transparencia de la gestión? No son cuestiones excluyentes claramente pero tenemos que pensar en quienes atienden estos temas posiblemente tengan que estar vinculados. Existen en muchas estructuras burocráticas oficinas de estadísticas y oficinas de acceso a la información. Desde que un ciudadano pide un dato a la administración publica hasta que lo consigue pasa esta solicitud por muchas manos. El encargado de entregar la información tiene que consultar a la oficina de estadísticas para saber si este dato esta procesado allí o recurrir a otras oficinas a consultar por él. No es un proceso claro, no hay un inventario de datos oficiales. Incluso con buena voluntad para entregar los datos estos en algunos casos están en forma de:

• centenas o miles de hojas a las que hay que fotocopiar o escanear (luego de buscar o recolectar).
• planillas de cálculo en la computadora de alguien que esta de vacaciones.
• en la base de datos de un sistema informático para lo cual se necesita un técnico.

La transparencia en la forma de oficinas de información pública puede tener muchas limitaciones. En general no esta claro el poder de estas oficinas sobre las demás dependencias de un mismo gobierno. ¿Puede exigirle esta oficina a otras secretarías que entregue X dato? ¿En que plazos? Si el dato no esta producido correctamente: ¿puede exigir que mejoren esos datos? ¿se lo debe pedir a la oficina de estadísticas donde hay especialistas en estos temas? ¿Quien se asegura de anonimizar esos datos para que no se exponga información privada de los ciudadanos? ¿En que formato entrego los datos? Tal parece que el manejo de datos (producirlos, procesarlos, mejorarlos, liberarlos prolijamente, usarlos para tomar decisiones) es una tarea transversal a todas las oficinas de gobierno. Hoy cada funcionario lleva adelante su propia política en este sentido. Es necesaria entonces una intervención transversal. Alguien tiene que hacer un inventario de todos los datos de gestión, de los procesos internos que los generan. Sobre este inventario es necesario detectar fallas, ausencias o mejoras posibles. Cada política pública podría comenzar a ser más sustentada en datos oficiales y durante su ejecución ser monitoreada con instrumentos existentes o preparados para cada caso. Pero ... y la transparencia? Quiero decir con todo esto que la transparencia es difícil cuando los datos no son tratados y valoreados previamente desde la administración pública. Como los datos son poder y estos permiten hacer análisis agudos de la realidad es posible que un gobierno que atienda la transparencia pero no tome control cabal de los datos se enfrente a diferentes problemas. Organizaciones, ciudadanos o empresas privadas podrán detectar errores, mostrar malas decisiones, generar polémicas con mayor nivel de profundidad que los mismos funcionarios públicos. En algunos casos estas serán bienintencionadas y en otros no. La transparencia no puede esperar hasta que los gobiernos tomen un control estricto de sus datos. Estos (cuando existan) deben ser de libre acceso. Lo que no podemos seguir dejando pasar es la oportunidad de usar el poder que tienen los datos desde la administración pública. Es por esto que si bien me preocupa mucho la transparencia pienso siempre primero en los datos como una herramienta de gobierno y un deber de que sean accesibles después.