La palabra Libre en general es bien aceptada en cualquier ámbito salvo en el software. En nuestro rubro genera dudas, desarrolladores dentro de los gobiernos y proveedores externos no están convencidos todavía de los beneficios de la cooperación como estrategia para el desarrollo.

Los gobiernos nos estamos modernizando e involucrando tecnología en todos nuestros procesos internos. Estamos digitalizando y despapelizando, estamos haciendo aplicaciones [1] [2] útiles para la ciudadanía, estamos gestionando cada vez más trámites online. Todos los gobiernos tenemos las mismas necesidades y lamentablemente no estamos colaborando de modo de no reinventar la rueda en cada solución que aplicamos.

Los desarrolladores de software somos hoy un bien escaso (la demanda a superado ampliamente a la oferta). Esto puede verse en el sector privado pero es muy notorio también en el sector público.

Abrir repositorios donde los gobiernos dejemos disponibles los códigos de nuestros desarrollos puede ser un buen primer paso. En esa línea desde la Ciudad de Córdoba hemos abierto en 2016 nuestro repositorio en GitHub.

Lamentablemente esta práctica es muy poco común. No existen muchos repositorios públicos abiertos.

Otro aspecto que impide compartir tecnología es la forma en la que los gobiernos compramos la tecnología a proveedores externos. En general no se solicita la propiedad intelectual del material desarrollado. Muchas veces los gobiernos terminan de rehenes de las tecnologías por las cuales han pagado y de la que no son dueños.

Reglamentar normas claras en la compra y el desarrollo de tecnología es el próximo (y necesario) paso.