Desde los portales de datos abiertos publicamos con frecuencia recursos que pueden ser utilizados por la comunidad para controlar, reutilizar, estudiar o para cualquier otra finalidad. Los datos generados por los gobiernos no son de su propiedad sino que deben ser activos disponibles para la comunidad. 

Hoy no existe un control de los datos que desaparecen o se modifican. Si, los datos públicos pueden desaparecer. Aunque suene extraño tenemos el caso del portal de datos argentino datospublicos.gob.ar que se lanzo en 2013 y finalmente desapareció en 2015. 

Publicar datos implica un compromiso con los usuarios. Aquellos que los consumimos podemos elaborar productos o contar historias con ellos que podrían quedar desacreditados si las fuentes oficiales desaparecen.

Para los usuarios no alcanza con con guardar copias propias si estas no están certificadas de alguna forma. Es por esto que se requiere una solución a este dilema. Sobre todo para los casos que involucran a la justicia donde borrar un dato es equivalente a deshacerse de evidencia.

De eso que también parece imposible tenemos un ejemplo: Tuvieron que allanar el Concejo Deliberante de Villa María en 2017 para buscar DDJJ de un funcionario. Incluso se acuso de hurto a un funcionario por la desaparición de esos papeles.

Blockchain se presenta como una posibilidad accesible para resolver esta problemática. Los Boletines Oficiales Argentinos ya se resguardan de esta forma. Es un muy buen ejemplo de uso.

En la Ciudad de Córdoba pensando en esta problemática también atravesamos nuestra experiencia y la publicamos. 

Nos contactamos con diferentes empresas a las que escuchábamos hablar de Blockchain y nos encontramos con que muchas de ellas hablan de esta tecnología pero en realidad no la usan. Muchos gurúes sin experiencia real. Finalmente encontramos tres empresas que si estaban en condiciones de acompañarnos en este proceso. 

Buscamos documentos relevante y críticos (por supuesto incluimos TODAS las Declaraciones Juradas) y los certificamos en Blockchain. Este proceso implica registrar un identificador único e inviolable de cada documento y dejarlo asentado en blockchain. Para completar este proceso es necesario que desde la comunidad se realicen resguardos con frecuencia de estos datos para en casos que se lo requiera poder reconstruir datos que sean eliminados o modificados.

Hecho esto los usuarios de datos públicos contaríamos con una herramienta de certificación externa y limitaría a los gobiernos en su posibilidad de adulterar su propia historia.

Como nos importa el software libre también dejamos publicado un smart contract que usamos y también la tecnología usada para identificar univocamente a los documentos.

Este paso que dimos quedo documentado y listo para que otros gobiernos repliquen la experiencia. El paso que falta es definir normas que fuercen la certificación (no necesariamente en Blockchain) de datos.