Asistimos desde hace tiempo sobre la ley de acceso a la información pública en Argentina. No es un debate solamente por aquí, ni solamente de estados nacionales. La transparencia en los gobiernos no siempre depende de la buena voluntad de los funcionarios públicos. He asistido a casos de funcionarios de gobiernos locales que toman la decisión de abrir datos pero que se encuentran con que estos existen sólo en papel.

En casos de gobiernos superiores esto sucede mucho menos, muchos procesos ya están informatizados (básicamente en bases de datos dependientes de sistemas de software). De todas formas no puede tomarse una base de datos y así como está y exponerla al público. Se requiere un pre-procesamiento de los datos, incluso por motivos legales y de privacidad de las personas.

Cada vez esta mas claro que los datos son un activo importante. Los datos son una ventaja, las decisiones basadas en ellos tienen mas posibilidades de arribar a acciones más eficientes. Entonces la pregunta es:

¿Necesitamos producir datos para eficientizar y monitorear las políticas públicas o para cumplir con la transparencia de la gestión?

No son cuestiones excluyentes claramente pero tenemos que pensar en quienes atienden estos temas posiblemente tengan que estar vinculados. Existen en muchas estructuras burocráticas oficinas de estadísticas y oficinas de acceso a la información. Desde que un ciudadano pide un dato a la administración publica hasta que lo consigue pasa esta solicitud por muchas manos. El encargado de entregar la información tiene que consultar a la oficina de estadísticas para saber si este dato esta procesado allí o recurrir a otras oficinas a consultar por él. No es un proceso claro, no hay un inventario de datos oficiales. Incluso con buena voluntad para entregar los datos estos en algunos casos están en forma de:

• centenas o miles de hojas a las que hay que fotocopiar o escanear (luego de buscar o recolectar).
• planillas de cálculo en la computadora de alguien que esta de vacaciones.
• en la base de datos de un sistema informático para lo cual se necesita un técnico.

La transparencia en la forma de oficinas de información pública puede tener muchas limitaciones. En general no esta claro el poder de estas oficinas sobre las demás dependencias de un mismo gobierno. ¿Puede exigirle esta oficina a otras secretarías que entregue X dato? ¿En que plazos? Si el dato no esta producido correctamente: ¿puede exigir que mejoren esos datos? ¿se lo debe pedir a la oficina de estadísticas donde hay especialistas en estos temas? ¿Quien se asegura de anonimizar esos datos para que no se exponga información privada de los ciudadanos? ¿En que formato entrego los datos?

Tal parece que el manejo de datos (producirlos, procesarlos, mejorarlos, liberarlos prolijamente, usarlos para tomar decisiones) es una tarea transversal a todas las oficinas de gobierno. Hoy cada funcionario lleva adelante su propia política en este sentido.

Es necesaria entonces una intervención transversal. Alguien tiene que hacer un inventario de todos los datos de gestión, de los procesos internos que los generan. Sobre este inventario es necesario detectar fallas, ausencias o mejoras posibles. Cada política pública podría comenzar a ser más sustentada en datos oficiales y durante su ejecución ser monitoreada con instrumentos existentes o preparados para cada caso.

Pero ... y la transparencia?

Quiero decir con todo esto que la transparencia es difícil cuando los datos no son tratados y valoreados previamente desde la administración pública. Como los datos son poder y estos permiten hacer análisis agudos de la realidad es posible que un gobierno que atienda la transparencia pero no tome control cabal de los datos se enfrente a diferentes problemas.

Organizaciones, ciudadanos o empresas privadas podrán detectar errores, mostrar malas decisiones, generar polémicas con mayor nivel de profundidad que los mismos funcionarios públicos. En algunos casos estas serán bienintencionadas y en otros no.

La transparencia no puede esperar hasta que los gobiernos tomen un control estricto de sus datos. Estos (cuando existan) deben ser de libre acceso. Lo que no podemos seguir dejando pasar es la oportunidad de usar el poder que tienen los datos desde la administración pública.

Es por esto que si bien me preocupa mucho la transparencia pienso siempre primero en los datos como una herramienta de gobierno y un deber de que sean accesibles después.